Por José Cheo Cruz Desde el 1948, mucho antes de que Luis Muñoz Marín asumiera el poder, fue aprobada la Ley de la Mordaza que era una réplica de la ley Smith de EE.UU. Esa ley iba destinada a reprimir y a perseguir políticamente de forma selectiva a todos aquellos que de alguna manera estuviesen haciendo un llamado a la resistencia y oposición al colonialismo en Puerto Rico. La historia nos dice que el PPD, está impedido por sus propias acciones de hablar en contra de la represión y de los abusos contra los puertorriqueños.

Una de las primeras víctimas de esa terrible ola de represión, lo fué Don Pedro Albizu Campos, a quien lo sometieron a una muerte inducida progresivamente. A partir de ese momento, se comenzó a levantar todo aquel carpeteo de miles de insurgentes y desafectos del gobierno del PPD, en festinada complicidad con las autoridades federales. Fueron muchos los crímenes políticos que se cometieron y que pasaron por debajo del radar durante todos esos años. Aquella doctrina filosófica del PPD, de justicia social, le fue negada a muchos hermanos puertorriqueños que fueron víctimas de los atropellos y abusos cometidos contra ellos y sus familiares. El 14 de diciembre de 1999, fue que finalmente el gobierno de Puerto Rico, reconoció mediante la Orden Ejecutiva 99-62 lo que constituía una práctica, “corrupta, ofensiva y vergonzosa” con el carpeteo de miles de puertorriqueños que en alguna medida fueron declarados como potenciales enemigos del sistema dictatorial del PPD y las fuerzas del coloniaje y el inmovilismo ellos que representan.

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